75è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG DE GUERNICA

75º ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DE GUERNICA

Una tarde de mercado, la pequeña ciudad de Guernica fue bombardeada durante más de tres horas por la aviación alemana. Más de 1.600 víctimas perecieron en el bombardeo. Hitler, aliado del general Franco en la guerra civil de España, quería aterrorizar a la población civil y hacer más sencilla la rendición del pueblo vasco y facilitar la toma del país vasco.


El objetivo deliberadamente mortífero de la operación no deja resquicio de dudas. Y es que, los contingentes del ejército vasco que acampaban en los alrededores de Guernica, no fueron siquiera tocados por el ataque, al igual que el puente y la fábrica de pistolas.


Los 33 bombarderos de la Legión Cóndor llevan no sólo explosivos destructivos, sino también bombas antipersonales y también 2.500 bombas incendiarias. Estas ojivas rellenadas de aluminio y de óxido de hierro son capaces de elevar la temperatura cerca de los 2700°C.


Guernica era conocida por su roble sagrado, al pie del cual se reunían desde la Edad media los representantes del pueblo vasco. Cada dos años, desde el reinado de Isabel de Castilla hasta el 1876, los representantes de la corona española tenían la costumbre de renovar en este lugar su juramento de respetar las libertades vascas.


El 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad de Guernica, símbolo de las libertades vascas, fue destruida por la aviación alemana al servicio de Franco. Por primera vez en la historia militar, un poblado civil es totalmente sometido bajo un diluvio de bombas.


Se estima que fallecieron más de 1.600 personas y que los heridos casi se elevaron al millar. Y todo eso sobre una población de 7.000 habitantes. Tres días más tarde, el 29 de abril, por el puente que no destruyó el ataque, los franquistas hacen su entrada en la ciudad devastada, con el general Emilio Mola a la cabeza. En el extranjero, las informaciones sobre el bombardeo hacen que muchos demócratas retiren su apoyo al general Franco y al bando nacionalista.


La indignación es inmensa. Trastornado por este homicidio en masa, el pintor español Pablo Picasso realiza a las semanas su obra célebre, (considerada cómo su obra maestra) y una de los cuadros clave de la pintura del siglo XX.

La revolución de los claveles

La revolución de los claveles

Portugal, 25 de abril de 1974, a las 00:25 horas suena la canción revolucionaria Grândola, Vila Morena del cantautor José Alfonso. La retransmite Radio Renascença y es la señal acordada por algunos oficiales del ejército (el MFA-Movimiento de las Fuerzas Armadas) para ocupar los puntos estratégicos del país. Poco después, a penas seis horas más tarde, el régimen dictatorial creado por Salazar, el más largo de Europa, se derrumba.

El porqué de la revolución?

El levantamiento del sector de la izquierda del ejército, de los llamados capitanes de abril, no fue un golpe militar en el sentido estricto de la palabra, sino que fue producto de una situación insostenible y de una dictadura que llevaba en el poder más de 40 años.

Se produjo por el hastío y enfado hacia una política anclada en una guerra colonial sin salida con Angola, Guinea Bissau y Mozambique. Mientras otros países dejaban paso a la descolonización de una manera menos traumática y más adecuada para sus intereses, Portugal seguía insistiendo en un imperio imposible que cada vez costaba más muertos y recursos.

No obstante, el giro a la izquierda y el desapego al régimen también se produjo por una población empobrecida. La desigualdad social era enorme: sólo un centenar de familias ostentaban el poder económico; en la mayoría de casos la emigración parecía la mejor opción.

Asimismo, la explotación latifundista en el campo era un escándalo a los ojos de la mayoría, como también el hecho de que Portugal fuera un paraíso para nazis huidos de la justicia o dictadores como Fulgencio Batista, mientras las cárceles se llenaban de presos políticos. En un país aislado desde hacía ya demasiados años, las palabras democratizar, descolonizar y desarrollar se convirtieron en el lema y en el programa que guió la revolución.

Así, el día del movimiento militar, los ciudadanos, lejos de hacer caso a los numerosos llamamientos para que no saliesen de sus casas por su propia seguridad, simpatizaron rápidamente con lo sucedido y ocuparon las calles en compañía de los sublevados.

La imagen que bautizaría este acontecimiento como la Revoluçào dos Cravos (La Revolución de los claveles) sería la de esas concentraciones y manifestaciones espontáneas de ciudadanos que, en Lisboa y con la ayuda de las floristas, se pertrecharon con la flor de la temporada, los claveles, y las colocaron en los cañones de los fusiles de los militares demócratas.

En resumen, la guerra fue el elemento determinante, la gota que colmó el vaso (de ahí que los primeros actores en el levantamiento sean los militares), pero no el único. El péndulo social ya estaba en la izquierda; la toma de las calles por parte de las capas populares era la garantía de que se abría paso un nuevo horizonte. No era un simple golpe militar, sino una revolución.

El antibelicismo portugués

Portugal mantenía un territorio colonial 22 veces superior al suyo, con una población de más de 14 millones. Para controlarlo contaba con 120.000 soldados y la juventud debía pasar dos de los cuatro años del servicio militar en las colonias.

En consecuencia, casi todas las familias tenían algún familiar en primera línea de fuego, lo que sumado al recuerdo del estrepitoso fracaso americano en Vietnam y al terrible balance de muertos (15.000 jóvenes) y heridos, entre inválidos y mutilados (30.000), condujo a un rechazo absoluto del mantenimiento del imperio.

Como muestra: más de 107.000 jóvenes huyeron del país para no entrar en el ejército. De esta forma, se llegaba a una conclusión lógica: para acabar con la guerra, se debía poner fin a ese gobierno.

¿Qué pasó después?

Tras el éxito de la revolución, se liberaron a los presos políticos y se puso fin al exilio de los líderes opositores. Al año siguiente, se convocaron elecciones constituyentes y se estableció una democracia parlamentaria; para ese mismo año se garantizó la independencia de las colonias y se llevó a cabo la nacionalización de grandes empresas y de la banca.

En la región de Alentejo, los grandes latifundios fueron tomados por los campesinos, mientras tanto, en la ciudad los trabajadores establecieron elementos de control en las empresas. Ante una sociedad civil organizada, todas las intentonas fascistas posteriores fracasaron.

En la actualidad, el 25 de abril es fiesta nacional en Portugal y se conmemora la revolución con actos y celebraciones cívicas y políticas. Aunque a menudo se lamente el distanciamiento respecto del inicial carácter revolucionario de aquel proceso o se pormenorice la importancia de lo ocurrido en Portugal (se suele apelar al romanticismo y poco realismo de sus protagonistas), no está demás recordar que el sentir de The Times en aquel momento difería, y mucho, de esta opinión. Lo ocurrido adquiría tal relevancia que su portada decía que el capitalismo había muerto en Portugal.

Evidentemente no fue así, pero esto no debería darnos una imagen distorsionada o restar importancia a la revolución de los claveles. Sus logros fueron muchos, para una gran parte de los portugueses significa el acontecimiento más importante de su historia nacional…y una curiosidad, en el preámbulo de la constitución portuguesa fruto de la revolución, todavía hoy en día puede leerse la proclama “de abrir la senda hacia una sociedad socialista, dentro del respeto a la voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país más libre, más justo y más fraterno”.

El suicidio económico de Europa

http://freevoteforum.blogspot.com.ar/2012/04/el-suicidio-economico-de-europa-por.html

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres
Carlos Abel Suárez · María Julia Bertomeu · G. Buster · Antoni Domènech 

El fracaso y las contradicciones de la estrategia empresarial de "argentinización" de YPF, que hacen que Repsol no sea capaz de asumir financieramente la puesta en explotación de las reservas de hidrocarburos de la zona de Vaca Muerta, plantean en toda su crudeza las exigencias del autoabastecimiento energético sostenible de Argentina. En un ambiente determinado por la creciente competencia en el mercado global de gas y petróleo, por los límites empresariales de Repsol y por la política de nacionalización parcial emprendida por el gobierno argentino de Cristina Fernández, el gobierno español de Mariano Rajoy amaga con un rumbo diplomático de choque. Testimonium paupertatis donde los haya de la "marca España", el choque no puede menos que afectar al conjunto de las inversiones españolas en América Latina y retroalimentar el hundimiento de la confianza de los "mercados" en un Reino de España intervenido de facto por la UE, en plena crisis de su deuda soberana.


Un poco de historia: YPF y el sueño de un desarrollismo endógeno argentino

YPF fue para los argentinos algo más que la principal empresa nacional y un símbolo de soberanía en materia de explotación de hidrocarburos.  Como bien señaló Gustavo Callejas (ex secretario de Combustibles y animador junto a Fernando "Pino" Solanas y Félix Herrero del Grupo Moreno que dio una batalla consecuente contra las privatizaciones),  la renta petrolera permitió en Argentina crear, desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura viaria nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas. Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado. YPF creó pueblos, escuelas técnicas, redes de comunicación. Hasta su privatización, se contabilizaban reservas de gas para 36 años y de petróleo, para 23 años. Pero desde 1989 no se construyó un solo gasoducto o poliducto destinado al mercado interno. Ahora nadie sabe con certeza cuáles son las reservas argentinas de petróleo y de gas. Durante el gobierno de Menem, se construyeron gasoductos para exportar gas a Chile, un gran negocio para las transnacionales, mientras el 40 por ciento de los hogares argentinos carecían de él.

En esa historia tan intensa de YPF,  y todo lo que ha significado para la política energética del país, no estuvieron ausentes los intentos de vaciamiento o liquidación, que finalmente tuvieron éxito en los años ´90.

El mismísimo general Perón, en su segundo mandato y frente a las dificultades que se advertían en la economía mundial tras el fin de la guerra de Corea, apuntó a un acuerdo con una de las Siete Hermanas, a la que ofreció un contrato de explotación de los yacimientos de la Patagonia, considerada ya entonces la región más prometedora en cuanto a reservas estimadas. Pese disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, una parte de los diputados peronistas enfrentó a su jefe, una confrontación que fue finalmente interrumpida por el golpe de 1955 que derrocó a Perón.

Luego vino Arturo Frondizi, que había transitado toda su vida política agitando la defensa del petróleo como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, pero que al llegar al gobierno en 1958 dio un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña. Para imponer su plan de concesiones, tuvo que derrotar una huelga general de los trabajadores petroleros,  movilizándolos con el Ejército, y aplicando el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). La Federación de los petroleros, dirigida entonces por combativos dirigentes como Marcelo Alvarado y  Ricardo Frigerio (nada que ver con Rogelio Frigerio, ideólogo y uno de los hombres más cercanos a Frondizi), pudo sostener la huelga en algunas zonas, aun desde la clandestinidad o movilizados militarmente. Entre los trabajadores petroleros se recordaba por décadas la hazaña de la destilería de Luján de Cuyo, que estuvo paralizada más de un mes después de que el movimiento a escala nacional hubiera  sido derrotado. Ni los técnicos italianos, que la habían construido y puesto en marcha  -y a los que trajeron para quebrar la huelga-, pudieron vencer la resistencia y sabotaje de los trabajadores y poner en funcionamiento la planta.

Finalmente, los contratos de Frondizi fueron anulados por Arturo Illia, en un nuevo intento de restablecer el carácter estratégico de YPF en el sector energético,  lo que duró hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966). En el breve período de Cámpora-Perón de 1973-1974, con José Gelbard al frente de la Economía,  otra vez se intentó corregir el rumbo.  Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, YPF fue un botín de guerra codiciado por los mandos castrenses y sus socios empresarios y tecnócratas, como plataforma de grandes operaciones financieras y negociados. La patria contratista, que había nacido con Onganía  en 1966, vivía  con la dictadura de Videla su momento de gloria. Entre las operaciones financieras se computaron  el apalancamiento de préstamos para la compra de armamentos y otros mercadeos conexos, que dejaban grandes comisiones, de las que participaban eufóricos los nuevos ricos de la "patria contratista".

Vaciamiento y privatización irregular de YPF

Como una muestra de las grandes paradojas de la historia política argentina, fue un abogado peronista riojano,  un personaje distinguido en ese tiempo por su facha Siglo XIX -cara chiquita entre el paréntesis de la melena y unas enormes patillas- quien denunció en 1982, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, de la Capital Federal (Expediente 41.545), el endeudamiento fraudulento y vaciamiento de YPF cometido por el régimen militar ya agonizante. 

Pero esa no sería la última de las paradojas, casi una comedia de enredos, si no fuese por la tragedia que siempre acompañó a esas prácticas políticas. Precisamente es el mismo Menem quien, al asumir el gobierno en 1989, renuncia al discurso de campaña, en una versión aumentada y corregida de la voltereta de Frondizi, para asumir plenamente la política económica neoliberal.  Esta vez, la hiperinflación, el contexto internacional  y el pasado todavía latente del terrorismo de Estado, contribuyeron a que se lograra destruir todo plan energético nacional. Sin embargo, esos vientos, con toda su fuerza, no eran suficientemente destructivos por sí solos. Había que quebrar a los trabajadores de las empresas públicas de energía y de servicios públicos.

Se concibió para ello una estrategia muy eficaz, tejida de complicidades y maniobras. Uno de los instrumentos fue el programa de propiedad participada (PPP), por el que los trabajadores supuestamente  se quedaban con el 10 por ciento de las acciones: unas acciones que, en realidad, iban a manejar los dirigentes sindicales corruptos en cumplida connivencia con los empresarios, los bancos y el ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo. Otro de los medios fue el reparto de las satrapías entre los gobernadores de las provincias petroleras, virtuales señores feudales con una participación decisiva en el negocio petrolero. El "chamullo" técnico, por usar lenguaje tanguero, fue que  el petróleo y el gas ya no eran más recursos naturales estratégicos, sino que, a causa de la "globalización", del "fin de los Estados-nación (sic)", etc., etc., eran bienes transables, commodities, con un comportamiento en el mercado igual que el maíz, el café, la soja, el azúcar, etc. Un concepto que no resistió la menor prueba, ya que apenas se dio vuelta la página, continuaron por doquiera las guerras geopolíticas por el dominio de las regiones ricas en hidrocarburos.

Consumada la privatización, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a  5.500 trabajadores. Numerosas actividades fueron o tercerizadas o desguazadas. Entre ellas, la poderosa flota petrolera de la empresa estatal. Varias de esas naves fueron vendidas, entre los amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en cementerios flotantes sobre el río Paraná. Con todo descaro, algunas de las empresas contratistas que manejan resortes fundamentales de la operatoria de YPF figuran con domicilio legal en la sede de la Federación del SUPE, el mismo edificio que en 1958 ocupaban aquellos luchadores infatigables –tan penetrados de consciencia de clase— elegidos por el voto libre de sus afiliados y que murieron casi en la pobreza.

Todo este proceso de privatización de YPF estuvo viciado de ilegalidad desde su origen. Entre las numerosas denuncias formuladas en los tribunales, con el patrocinio del ex juez Salvador María Lozada, Pino Solanas presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundamentado. La respuesta fue un atentado: nueve balazos en una plaza de estacionamiento; varios tiros que, afortunadamente, sólo encontraron sus piernas, ya fuese por milagro o porque en realidad quienes dispararon eran sicarios profesionales que sólo tenían ordenes de intimidar.

Dada la muchedumbre de antecedentes irregulares de la privatización de YPF y del gas (hasta el punto de que se llamó a la bancada parlamentaria a un diputado "trucho", a fin alcanzar el número necesario de votos), resulta ahora cuando menos jocoso escuchar las apelaciones a la "seguridad jurídica". Entre otras aberraciones legales o procedimentales, YPF fue vendida sin tasación previa, según prescribía la Ley de Reforma del Estado diseñada a propósito por el "genio" jurídico de las privatizaciones, Roberto Dromi, ahora rehabilitado como asesor del ministro de Planificación, Julio de Vido, y –¡oh ironía de las ironías!— posible director técnico de la ahora pretendida renacionalización.

La gestión de REPSOL

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, en 2003, la relación con Repsol pasaba por buenos momentos. Como gobernador de una provincia petrolera, Kirchner había tenido un protagonismo relevante en el proceso de privatización del petróleo y del gas y luego en la negociación y la venta del paquete a Repsol. Así pues, las relaciones con los directivos de la empresa española iban por buen camino.

Sin embargo, tras el colapso del régimen de convertibilidad, la pesificación y el default (suspensión de pagos),  el campo  de las negociaciones con las empresas privatizadas o de servicios públicos concesionados estaba minado. En noviembre de 2003, nuestro amigo Rubén Lo Vuolo, advertía:

"Es indispensable realizar una estricta auditoría sobre las reservas comprobadas, tanto en el campo del petróleo como del gas, y establecer restricciones a la relación entre las exportaciones y las reservas. La prioridad es el normal abastecimiento del mercado interno a precios que sustenten las necesidades de la matriz insumo-producto local. Esto obliga a revisar criterios de libre exportación de petróleo, gas natural y derivados, como así también las exigencias en materia de explotación. Antes de exportar, las empresas deberían mostrar evidencias ciertas con respecto a un horizonte de duración de las reservas comprobadas que no sea inferior a los 10-15 años, como así también sería necesario establecer que las empresas productoras de gas y petróleo destinen un porcentaje de sus inversiones a actividades de exploración, con independencia de la duración de las reservas comprobadas de sus yacimientos".  (1) 

Nada de eso se hizo. Las petroleras siguieron funcionando como en los años 90. Y cuando se impusieron restricciones a la liquidación en el país de las divisas por exportaciones, las petroleras y las mineras fueron exceptuadas. Los gobernadores, a su vez, otorgaron escandalosas prórrogas para la explotación de importantes yacimientos, anticipándose 20 años algunas a la fecha de su vencimiento, cuando la ley establece que, para renovar una concesión, se tiene que evaluar la conducta y desempeño de la empresa en las últimas décadas. Un verdadero grotesco. Quien sabe algo de los negocios financieros, puede imaginar fácilmente las consecuencias que trae en los mercados de valores el hecho de que a una petrolera se le renueve la concesión de un área productiva por 20 años.

Desinversión o vaciamiento de YPF

Las compañías mineras y petroleras han gozado de privilegios especiales, no sólo por el diseño y estructura de las privatizaciones, acordes con el modelo "neocon" de los años 90, sino porque el marco regulatorio es absolutamente permisivo. Por ejemplo, aun en los casos comprobados de daño al medio ambiente, las concesionarias no han tenido siquiera que pagar el valor de la reparación del año ocasionado. Tampoco se ha planteado la obligación legal de reformular la operatoria para evitar futuros accidentes. Simplemente, cuando han sido sancionadas, las compañías extractoras se han limitado al pago de una multa, que es siempre infinitamente más barato que un procedimiento ambientalmente sustentable.

Tanto Alfonso Cortina como Antonio Brufau, principales directivos de Repsol desde la compra de YPF, han estado al corriente de estas historias. No podían ignorar que más temprano que tarde, por  la forma de conducir el negocio, iban a un choque de trenes con el gobierno argentino, más allá de las voluntades individuales.

El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, disparó la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos. En un curioso negocio publicitado como el "proceso de argentinización" de YPF, Repsol había aceptado la venta del 25,4% de las acciones, por un valor de 1.304 millones de dólares, al Grupo Petersen del banquero argentino Eskenazi, un antiguo conocido de Néstor Kirchner totalmente extraño al negocio petrolero. Repsol sacó a sus principales hombres de Buenos Aires, y cedió de inmediato la dirección de la empresa a los nuevos socios. Unos socios que, conforme a la ingeniería financiera aprobada por Repsol y el gobierno argentino, ponían un dólar al contado y cancelarían su deuda con los mismos beneficios o utilidades generados por la compañía en el futuro.

O sea –y es crucial entender bien este punto—, que para recuperar el crédito lo antes posible, era fundamental aumentar los beneficios y disminuir la inversión, pero en un contexto totalmente diferente y adverso. Lo cierto es que, dada la moratoria hasta 2013 acordada a los créditos a Eskenazi, Repsol no ha recibido aún ni intereses ni principal, estando, en cambio, obligada a recomprar ese paquete de acciones de YPF (25,46%) a 34 dólares la acción, si pierde el control mayoritario de la compañía argentina –en el mercado bursátil cotizaban el 13 de abril a 21,95 dólares— o disminuyen los beneficios o utilidades repartidos.

Este proceso esta muy bien descrito en un reciente trabajo del colectivo argentino Economistas de Izquierda (EDI):

"Repsol se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.
En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias.

"Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa.

"El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta "argentinización" permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.
En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación. Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante ("no podemos volver a la época del Virreinato")". (2)

El desencadenante de la crisis y el juego del gallina

En diciembre de 2010, la compañía Ryder Scott certificó la existencia de reservas de gas y petróleo no convencionales equivalentes a 22.807 millones de barriles en la zona de Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Su explotación convertiría a la Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. YPF, que produce el 39% del petróleo y el 28% del gas argentinos, ve con esta certificación de su concesión de Vaca Muerta aumentar su valor bursátil y su importancia estratégica.

Al mismo tiempo, huelga decirlo, pone directamente en cuestión las fórmulas y expectativas que estaban detrás  de la "argentinizacion de YPF" en un mercado global de fuerte competencia por las reservas de hidrocarburos, exacerbada por la irrupción de las compañías petroleras chinas. La puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Brufau en carta a la Presidenta Cristina Fernandez es de 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011. La reinversión de beneficios de YPF esta limitada por el acuerdo con el Grupo Petersen, que establece que se repartirá en un 90% para asegurar el pago de los créditos otorgados por Repsol para la compra de su paquete de acciones de YPF. Las cifras, simplemente, no cuadran, si la prioridad del gobierno argentino es el aumento de la producción y la autosuficiencia energética, independientemente de las comisiones implícitas en el proceso de nacionalización para controlar el 51% de las acciones de YPF (3).

Es evidente que a partir de enero de 2012 las autoridades argentinas han puesto en marcha su estrategia. La propiedad de las reservas es legalmente de los gobiernos provinciales, seis de los cuales han comenzado a retirar las licencias de explotación en zonas bajo su jurisdicción, acompañando este acto administrativo con las oportunas movilizaciones populares. El efecto inmediato ha sido una caída del valor bursátil de las acciones de YPF en más de un 30%, y sigue cayendo… Según el borrador del proyecto de nacionalización filtrado por el periódico Clarín, el gobierno argentino se haría con el 50,01% de las acciones de YPF con la compra del 25,46% de la familia Eskenazi y el 24,55% de Repsol, de un paquete mayoritario actual del 57,43% de la empresa española. A pesar de que cualquier adquisición por encima del 15% obliga a una OPA global sobre el conjunto de YPF, la estrategia del gobierno argentino es dejar de lado el 17% en manos de inversores institucionales, en una buena parte de EE UU, que sin duda encontrarían compradores interesados en el mercado, tal vez chinos.

Las idas y venidas de los negociadores españoles durante estas semanas, incluyendo los infructuosos viajes a Buenos Aires del ministro de industria Soria y del presidente de Repsol, Brufau –recibidos por los ministros argentinos de economía, Hérnan Lorenzino, y de planificación, Julio de Vido, pero no por la Presidenta Cristina Fernandez—, operan en un cronograma que se asemeja a lo que en teoría matemática de juegos se llama el "juego del gallina": un juego en el que ambos jugadores pueden destruirse, y gana, si alguno finalmente lo hace, el más temerario y con menor aversión al riesgo. En efecto: en 90 días, los gobiernos provinciales argentinos deberán asumir los sueldos de las plantillas y las perdidas de las regalías de YPF en sus magros presupuestos; mientras, el precio de las acciones de Repsol -no ya las de YPF- han cedido un 26% de su valor (de 23,73% a 17,47% euros) ante la perspectiva de la nacionalización de YPF, frente a una caída media de la bolsa de Madrid del 15%.

La convocatoria, la semana pasada, de una reunión de la Presidenta Cristina Fernández con los presidentes de los gobiernos provinciales petroleros despertó todas las alarmas en el Reino de España, mientras circulaban por los bufetes de abogados especializados hasta cuatro borradores distintos del proyecto de nacionalización de YPF. Desde Varsovia, adonde acompañaba a Mariano Rajoy, el ministro de industria Soria, hizo una advertencia, más sombría aún que puerilmente solemne, "ante los gestos de hostilidad", amenazando al gobierno argentino con "serias consecuencias". El secretario de Estado para Europa, Méndez de Vigo, auguró que Argentina se convertiría en un "apestado internacional". Al día siguiente, tras recibir al embajador argentino en Madrid, el ministro de exteriores García Margallo elevó ante las cámaras el tono de la amenaza, dedo en ristre, tronando todo tipo de represalias (4).

El juego del gallina continúa: la diplomacia de la "marca España", en acción

La crisis de YPF-Repsol pilla a la diplomacia española con el pie cambiado y sumida en sus contradicciones, tras la formación del conservador gobierno Rajoy en diciembre de 2011.
Las empresas españolas son el primer inversor extranjero en la República Argentina (23.000 millones de dólares) y suponen cerca de un 15% del PIB argentino. Al mismo tiempo, empero –y con mayor motivo, en la situación de crisis en España—, una parte importante de sus beneficios, del valor de sus acciones en bolsa y su misma naturaleza de empresas transnacionales depende de sus inversiones en América Latina, que a comienzos de este siglo superaban ya los 90.000 millones de dólares. Actualmente, las suyas suponen dos tercios de toda la inversión directa española en el exterior (5).

La reacción del gobierno Rajoy –en mitad de una semana entre negra y esperpéntica, en la que el diferencial de la deuda española superaba los 410 puntos y la bolsa se hundía por debajo de los 7.300 puntos, con los "mercados" rechazando los presupuestos y recortes del plan de ajuste, una delegación de la Comisión europea inspeccionando sus cuentas en Madrid y el Rey de España borboneando furtivamente en Bostuana— ha seguido en el tono de "enviar una señal de confianza a los mercados". Probablemente, con el mismo éxito para la "marca España" que el cosechado en lo tocante a la economía nacional.

La "señal" lanzada con la imperita cadena de destempladas amenazas de bajísima credibilidad, buscando más o menos erráticamente la alianza con México (que participa a través de Pemex como socio minoritario en Repsol) como presidente de turno del G-20, con la Comisión europea, con Colombia (como anfitriona estos días de la Cumbre de las Américas de Cartagena), o con los EE UU, muestra hasta qué punto la diplomacia española, tras el giro expresamente neoconservador de su política exterior, ha quedado aislada en América Latina. Una América Latina que se recupera de las "décadas perdidas" neoliberales, en las que las empresas transnacionales españolas hicieron su agosto en procesos de privatización más que dudosos, por decir lo menos. En ese proceso privatizador terminaron precisamente por constituirse como empresas transnacionales, y hoy tienen que competir no sólo con otras transnacionales de EE UU y Europa, sino de Brasil y China. Y tienen, además, que lidiar con los legítimos procesos de renacionalización y recuperación de soberanía iniciados por los gobiernos de los países del ALBA y, ahora, por el kichnerismo argentino. Y lo cierto es que, en esta situación de creciente competencia en un mercado globalizado, las empresas españolas, ni por su capacidad económica ni por el apoyo político con que cuentan, se hallan en las mejores condiciones competitivas.

Pero todo es susceptible de empeorar, y los elementales errores de estrategia diplomática son desde luego un factor de empeoramiento. El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la "seguridad jurídica" de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro "atlantista" que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la "vieja Europa". Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la "marca España" y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica "sin complejos" con el "populismo", y a favor de la "libertad de mercado" y de la "democracia liberal" (6).

Más consciente de la tensión estructural subyacente en las inversiones españolas en América Latina, la diplomacia del anterior gobierno del PSOE buscó una estrategia de "acompañamiento" y adaptación a la nueva situación política surgida en la última década, multiplicando alianzas asimétricas con los países de la zona, apalancando políticamente las inversiones en una estrategia multilateral iberoamericana y gestionando los conflictos inevitables con una mayor presión hacia las empresas españolas para que cumpliesen con su "responsabilidad social corporativa", reinvirtiendo en la zona. Una estrategia que, al menos, y justo es decirlo, evitó en su día choques abiertos de Repsol con Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Lo que, por el momento, parece primar ahora es la botaratada, y una escalada de amenazas que no puede sino alimentar la consabida espiral de endurecimiento de posiciones, en la República Argentina no menos que en el Reino de España. Ni que decir tiene que, en un marco de creciente debilidad del peso político español en la UE, la contaminación por "inseguridad jurídica" de las inversiones españolas en América Latina a causa de una mala gestión diplomática de la crisis de YPF-Repsol agravaría la crisis de confianza de la UE en el gobierno Rajoy, para no hablar de los dichosos "mercados".

NOTAS: (1) Lo Vuolo, R. (2003): Estrategia económica para la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI-Ciepp.  (2) Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini et al.(marzo 2012): Afloran los límites del modelo, Buenos Aires. Economistas de Izquierda (EDI) (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522).  (3) Por supuesto, no faltan teorías conspirativas de todo tipo en la prensa española para explicar la posición argentina. Valga señalar una, que recoge el nuevo espíritu de  "lucha de clases" de la derecha española, aparecida en el periódico digital El Confidencial: (http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/04/15/la-pasionaria-argentina-y-su-cachorro-marxista-9047/).  (4) http://www.cincodias.com/economia/videos/margallo-confia-dialogo-solucionar-conflicto-argentina/20120413cdscdseco_1/  (5) Ver Alfredo Arahuetes, "Las inversiones directas españolas en America Latina en el periodo 2001-2010", Anuario Iberoamericano 2011, (http://www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2011/analisis/6_alfredo_arahuetes.pdf). 6) FAES, America Latina: una agenda de Libertad 2012, (http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3304/AMERICA_LATINA_WEB.pdf) presentada recientemente, con un publico de opositores cubanos y venezolanos, en el mismo escenario en el que se quiere celebrar en octubre de este año la Cumbre Iberoamericana, dedicada a las Cortes de Cadiz de 1812.

María Julia Bertomeu (Buenos Aires), Carlos Abel Suárez (Buenos Aires) y Gustavo Búster (Madrid) son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso. Antoni Domènech (Barcelona) es el editor general.

“JA N’HI HA PROU: REPÚBLICA”

S’està escrivint molt darrerament dels incidents vinculats a la cacera d’elefants del Rei Joan Carles i el seu posterior accident. Després m’hi referiré. En tot cas, aquesta nova “relliscada” de la família Borbó, si té alguna cosa bona és que posa un altre cop sobre la taula el debat sobre la monarquia a Espanya. Crec, de totes maneres que hem de separar els dos aspectes de la qüestió: El de la monarquia, com a concepte i el de l’actitud de la família reial per un altre. Com es sol dir: “Que els arbres no ens deixin veure el bosc”.

En relació a la primera qüestió, la monarquia. No fa falta gaire argumentar l’anacronisme d’una institució com aquesta en ple segle XXI. En uns moments on s’està reclamant amb força una democratització real de la “cosa pública”, un sistema per apropar a la població a la política, una transformació dels partits polítics per adaptar-los a la nova realitat, un sistema electoral representatiu i on els electors puguin passar comptes amb els seus electes, una transparència dels afers i els diners públics. Quin sentit té una institució, no democràtica, hereditària, on li toca ser cap d’estat no el més preparat per la feina si no el primer fill mascle, sigui qui sigui? Amb un menyspreu absolut per la igualtat de gènere. Cosa aquesta, per sort, acceptada ja per tothom.

Això en relació a la institució com a tal, però si anem en concret a la monarquia espanyola i analitzem els seus orígens veurem coses més curioses. Per exemple: “l’hereu” a la corona era el fill de Alfons XIII, Joan de Borbó, però ell era contrari al dictador Franco, i aquest el va apartar i va cercar enter els seus fills. El que li tocava era endarrerit mental, després hi havia un altre, però aquest se’l va carregar d’un tret d’escopeta en un “accident de caça” el Sr. Juan Carlos (és veu que això dels trets d’escopeta també és hereditari –veure el nen Froilan-). En definitiva: Franco va triar al Juan Carlos com a successor a cap d’estat i aquest va acceptar i compte!!! va jurar per Deu els “Principios Fundamentales del Glorioso Movimiento Nacional” en un plenari solemne de les Corts Franquistes. Després, suposo que és devia confessar d’haver jurat en fals (avantatges dels catòlics) i –diuen- va afavorir la transició democràtica. Després va venir el 23-F, on encara no està clar –ni és pot parlar en Espanya d’aquest tema- quin va ser el paper del Rei en la conspiració. Sembla per documents recens en la premsa alemanya que hi estava més que implicat, però…suposo que mai ho sabrem.

Per no parlar dels seus negocis i els de la seva família. A tall d’exemple, burxem una mica en la concessió de les obres de l’AVE a una empresa espanyola a Arabia Saudí i veiem el paper del Rei en la mateixa i…curiosament, qui es diu que ha pagat la recent cacera d’elefants?: Un empresari Saudí, curiós, no? I els negocis del gendre i la princeseta? sense comentaris…per les darreres gravacions, sembla que hi estaven tots i totes implicats.



Això sense entrar en la immoralitat que suposa que ens aquests moments de crisi, amb més de 5.000.000 d’aturats aquest senyor se’n vagi de cacera a Àfrica amb un cost de 40.000€ i l’accident que hem hagut de pagar entre tots amb un cost de 4.500€.

Finalitzant, es deia fins ara que Espanya, no era tant monàrquica si no més aviat JuanCarlista…ara sembla que ni això. Conseqüentment: per anacrònica i per immoral, ni monarquia ni borbons: República i quan abans millor.


Francesc Osan


 http://xcat.cat/18/04/2012/talaia-ja-nhi-ha-prou-republica/

Ilegalidad del poder, criminalización de la protesta y resistencia popular

Ilegalidad del poder, criminalización de la protesta y resistencia popular
Gerardo Pisarello · Jaume Asens · · · ·



Los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del pasado 29-M y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria de estos sectores. Pero también evidencian su inquietud ante la creciente resistencia social y popular a la eliminación de unos derechos y libertades arduamente ganados a la cultura política y jurídica franquista.


Conscientes de que las últimas movilizaciones reflejan un malestar social que irá en ascenso, el gobierno y sus aliados han desplegado una doble actitud frente a la jornada. Para no alterar a los mercados y a las instituciones europeas, han intentando minimizarla, resaltando la “normalidad” de la jornada y la escasa efectividad de la huelga en los ámbitos más precarizados de la economía. Al mismo tiempo, han exagerado y distorsionado los disturbios producidos, proyectando una imagen de caos y violencia que autorice una mayor dureza punitiva de cara al futuro. En una complicidad que evoca momentos turbios de la historia, el ministro del interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo en Catalunya, Felip Puig, denunciaron de consuno que el 29-M se había producido un “salto cualitativo”. Dicho salto no radicaba, obviamente, en las masivas y pacíficas manifestaciones de la tarde, sino en el “vandalismo callejero” a cargo de unos grupos “antisistema” integrados cada vez más por “extranjeros” y mirados con “simpatía” y “connivencia” por muchos intelectuales y políticos.


Esta construcción xenófoba de un enemigo ajeno al país, apoyado por críticos frívolos carentes de todo realismo, tiene desde luego su sentido. De entrada, sirve para desviar la atención sobre los nuevos recortes de derechos exigidos por el Directorio europeo y que tanto por el gobierno español como por el catalán están dispuestos a aplicar con obediencia, resignando blandamente toda flama patriótica. Pero sobre todo, contribuye a crear un clima de alarma social favorable al anuncio o la adopción de medidas de “mano dura” contra quienes se resistan a plegarse al curso de las cosas: desde la limitación de los piquetes informativos y del derecho de manifestación, hasta la exigencia de una mayor contundencia policial y judicial contra violentos reales o imaginarios, pasando por la asimilación de las protestas a conductas terroristas o proto-terroristas.


Como es usual, tanto el diagnóstico de los hechos como la terapia exigida parten de una descripción deliberadamente distorsionada del fenómeno de la violencia. Ante todo, porque pretende que la precarización, los desalojos, los recortes sanitarios, educativos y salariales, el aumento en los precios del transporte público, la asunción pública de la deuda privada de grandes empresas y entidades financieras, o los privilegios otorgados a los evasores fiscales, no sean vistos como un obsceno ejercicio de violencia pública y privada sobre gran parte de la población, sino como medidas técnicas, como la única alternativa para obtener financiamiento externo y evitar el rescate. Lo cierto, sin embargo, es que hasta los propios miembros del gobierno comienzan a reconocer que dichas medidas no han beneficiado a la mayoría de la población o a la recuperación económica ni lo harán en el futuro inmediato. Por el contrario, han ahondado el clima recesivo, han colocado a los más jóvenes en una situación inédita de vulnerabilidad (el desempleo juvenil superó en febrero el 50%) y han condenado a miles de personas a la exclusión, la depresión y a enfermedades físicas y mentales de diferente tipo. No es extraño, de hecho, que estas políticas se hayan impulsado de manera furtiva, bordeando el delito y en contra, a menudo, de la legalidad internacional y europea en materia de derechos humanos, así como de la propia Constitución española, modificada sin sonrojo para garantizar la “prioridad absoluta” del pago de deuda a los acreedores. En realidad, la reciente reforma laboral podía verse como el último capítulo, acaso uno de los más flagrantes, de una larga serie de ilegalidades denunciadas por la sociedad civil y constatadas, cada vez más, por diferentes órganos institucionales [1].


A pesar de la evidencia, el establishment mediático no ha tenido el menor empacho en presentar la huelga como humus propicio para la proliferación de burócratas y vándalos. Es verdad que los secretarios generales de CCOO y UGT pudieron explicar sus razones en diferentes platós de televisión. Sin embargo, sus puntos de vista recibieron una cobertura marginal en relación con la que recibieron los partidarios de la reforma, y no hay por qué suponer que reflejaran los puntos de vista de todas las personas trabajadoras o de los cinco millones que ni siquiera tienen un empleo. Esta asimetría informativa y la diferente capacidad de expresión de unos y otros explican, en todo caso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se permitiera deslizar, sin contención alguna, que las huelgas constitucionalmente amparadas eran actos ilegales, o que el periodista Federico Jiménez Losantos pidiera directamente que la policía arrollara a los piquetes [2].


De la misma manera, el contexto de precariedad creado permitió a muchos empresarios exigir a sus trabajadores que declararan días antes, ante sus jefes y compañeros, si pretendían acogerse o no al derecho a la huelga. En un ordenamiento jurídico medianamente razonable, estos auténticos piquetes coactivos deberían haber sido objeto de las sanciones que el art. 315.1 del Código penal prevé para quienes “mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. Lo que ocurrió, no obstante, fue lo contrario. El apartado 3 de dicho artículo, un precepto heredado de la legislación franquista y mantenido por el llamado Código de la democracia de 1995, se invocó contra los trabajadores y manifestantes, y sirvió, al igual que los delitos de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, para detenerlos y encarcelarlos de forma arbitraria [3].


Durante las primeras horas de huelga, un empresario hotelero de Torrelavega atacó con un puñal a una trabajadora de CC.OO que formaba parte de un piquete informativo. La agresión le produjo un golpe en la frente y dos cortes, uno en la mano derecha y otro en la nariz, por los que recibió trece puntos de sutura. El empresario, vitoreado en más de un medio de comunicación, fue detenido y liberado poco después, sin que la Fiscalía solicitara ninguna medida más. Muy diferente fue la suerte de tres jóvenes manifestantes detenidos y encarcelados esa misma mañana, acusados de cruzar contenedores en la calle, quemarlos y cortar el tráfico, delitos por los que ni siquiera hubieran tenido que entrar en prisión. Dos de ellos eran estudiantes y no tenían antecedentes penales. El tercero había participado en las protestas ante el Parlamento catalán del 15 de junio pero no había sido juzgado aún. Ninguno pudo participar en los incidentes más graves que se vivieron por la tarde en la ciudad y que acabaron con 80 heridos. A pesar de ello, la magistrada que instruía el caso decidió, a instancias del fiscal, dictarles prisión preventiva. Para justificar su decisión alegó que podían reincidir en otras citas de riesgo, como el día del Trabajador, la reunión del Banco Central Europeo prevista el 3 de mayo o el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el R.D. Espanyol.


Este doble rasero, claramente contrario a la presunción de inocencia y al propio ejercicio del derecho de huelga y de manifestación, refleja la escasa predisposición garantista de buena parte de los fiscales y jueces penales y su tendencia a tratar la violencia física sobre una huelguista o sobre un manifestante con mucho menos severidad que la ejercida sobre un contenedor o que un corte de calles. En todo caso, es evidente que este tipo de decisiones sería impensable sin el clima de alarma generado por unos medios que se centran sin pudor en los hechos violentos generados por los manifestantes, al tiempo que quitan toda responsabilidad a las brutales intervenciones policiales que los azuzan y que acaban afectando a quienes no intervienen en ellos. El 29-M, de hecho, la policía catalana recurrió a gases lacrimógenos, un  arma que no se utilizaba hace 16 años. A resultas de la violencia policial, dos personas tuvieron que ser operadas de urgencia del bazo y otras dos recibieron impactos de balas de goma en un ojo, con altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales [4]. 


Ninguno de estos hechos, sin embargo, impidió al ministro Fernández Díaz anunciar con afectado aire marcial que su prioridad era impulsar antes de junio una reforma del Código Penal que igualara las penas de la “kale borroka” con las de la “guerrilla urbana” aumentando de uno a dos los años de prisión. Esto permitiría a Fiscalía solicitar medidas de prisión provisional y a los jueces acordarlas. El consejero catalán Felip Puig, partidario de ir “más allá de la ley” si fuera necesario, no tardó en plegarse. Su instinto nacionalista le llevó a distanciarse de la equiparación del “vandalismo catalán” con el “terrorismo vasco”, pero no tuvo empacho en defender la aplicación de penas equivalentes. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Puig se envalentonó y propuso una andanada de medidas pensadas para afrontar la nueva hipótesis de conflicto: más unidades antidisturbios, cámaras de vídeovigililancia en los espacios públicos donde se convocan la mayoría de concentraciones, designación de un fiscal especializado en “guerrilla urbana”, apertura de un sitio web en el que los “ciudadanos” puedan delatar a los “antisistema”, reformas a la ley de enjuiciamiento criminal para que se puedan aplicar a los “radicales” órdenes de alejamiento y trabajos en beneficio de la comunidad, revisión de leyes como las de reunión y seguridad pública para tipificar la ocultación de la identidad o la posesión de elementos de riesgo cuando se participa en las protestas públicas.


Estos anuncios encierran una buena dosis de cinismo y populismo pour la galerie. Intensificar la vigilancia sobre manifestantes y exigirles ir a cara descubierta resulta una propuesta hipócrita en boca de un conseller que ha boicoteado de manera indisimulada los controles garantistas sobre las fuerzas de seguridad, desde la existencia de cámaras en las comisarías, hasta el deber de los antidisturbios ir debidamente identificados durante las manifestaciones. También queda por ver cómo piensa financiar estas políticas un gobierno que hace poco fue abucheado por los propios Mossos d’Esquadra, que llegaron a encerrarse en comisarías para protestar por sus recortes salariales. Lo cierto, en cualquier caso, es que las propuestas securitarias del PP y de CiU reflejan una deriva cada vez más autoritaria reñida con el ejercicio de libertades básicas y muy poco sensibles al malestar social que comienza a extenderse en la sociedad. Lo admita o no el gobierno, el 98,8 por ciento de las manifestaciones del 29-M transcurrieron de manera pacífica y exhibieron una paciencia social admirable si se consideran los datos objetivos de la situación económica. Es verdad que los actos de violencia, sobre todo en Barcelona, crecieron. Pero reducirlos a simple “vandalismo” es una perspectiva errónea, que explica muy poco lo sucedido. Como el propio gobierno ha reconocido, el grueso de estos actos consistió en pintadas contra las entidades financieras y en quemas de contenedores realizadas con el objeto de interrumpir el tráfico. No se trató, por tanto, de simple “gamberrismo” aislado e indiscriminado, sino de acciones limitadas que perseguían un objetivo claramente político: llamar la atención del resto de la población y lanzar un mensaje sobre los causantes reales de la vulneración masiva de derechos que se está produciendo.


Estas acciones pueden criticarse desde muchos puntos de vista. Pero es inadmisible hacerlo sin tener en cuenta algunos aspectos básicos. Ante todo, que la huelga es un derecho fundamental con un componente intrínsecamente conflictivo, que no por casualidad recibe en el sistema constitucional una protección prevalente a la de otros como la libertad de empresa o como el derecho a circular durante un lapso de tiempo razonable (ver, por ejemplo, la Sentencia 80/2005 del tribunal constitucional). Esto quiere decir que dentro del respeto al principio de intervención mínima y para evitar la punición de ilícitos de bagatela, solubles en el marco de la legislación laboral, ha de evitarse, ya en sede legislativa, la tentación de reprimir penalmente los supuestos de intimidación moral sobre quienes no quieren iniciar o continuar la huelga, como también advertía el tribunal constitucional en su sentencia 254/1988. Por otro lado, el juicio sobre el tipo de conflictividad y los desórdenes que la huelga o la protesta puedan generar no puede deslindarse de la violencia provocada por otros agentes con una mayor posición de fuerza, como los propios empresarios o como la policía, proclive a utilizar técnicas de infiltración que no pocas veces tienen por objeto azuzar a los propios manifestantes. Finalmente, es obvio que muchos de los disturbios producidos el 29-M están estrechamente vinculados a un escenario feroz de precarización y de recortes de derechos, en el que acceso a los medios masivos de comunicación de los grupos más perjudicados, como los jóvenes, es notablemente restringido. Una visión garantista de la libertad de expresión y de la doctrina del foro público, con un fuerte arraigo, por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana, obligaría a tener en cuenta estos elementos a la hora de abordar estos desórdenes, sobre todo en el ámbito penal [6]. 


Nada de esto supone, obviamente, justificar lo injustificable u otorgar una carta blanca a cualquier acto violento. Por el contrario, son múltiples las razones que existen, en un contexto como el actual, para defender formas de protesta creativas y no violentas: desde su carácter más respetuoso con los derechos y puntos de vista de los demás, sean críticos o no, hasta su capacidad para generar masividad y atraer a grupos de edad variados y plurales, pasando por su mayor efectividad para dejar en evidencia la violencia arbitraria del poder. En todo caso, esta defensa de la no violencia no puede hacerse desde un limbo, desconociendo, como ya está ocurriendo en Grecia, la existencia de situaciones extremas que empujan a los más vulnerables a formas desesperadas de protesta y de expresión del malestar [6]. 


En un intento torpe de exhumar las conspirativas teorías del terrorismo y su entorno, el ministro Fernández Díaz y el conseller Felip Puig pretenden reducir el enorme drama social producido por las políticas en curso a un simple capricho de jovencitos “antisistema” que actúan con “impunidad” gracias a una “mal entendida cultura de la permisividad y la tolerancia” y a la “connivencia” de muchos “intelectuales y políticos”. Lo cierto, sin embargo, es que son los propios poderes públicos y los poderes privados a los que amparan los que, de manera impune, han decidido desconocer de manera abierta el sistema de derechos y garantías con los que en teoría se han comprometido y a los que no dudan en apelar para atribuirse legitimidad. Cuando esta auténtica actitud “antisistema” se convierte en regla, y cuando los propios responsables insisten en que no se moverán un ápice de su posición porque las políticas que aplican les vienen dadas de espacios que ni siquiera cuentan con legitimidad electoral, la protesta en la calle y en las plazas se convierte en la última trinchera de defensa de una legalidad garantista constantemente atacada [7]. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, y sobre todo después de la jornada del 29-M, esta línea defensiva, democrática, se ha ampliado y se ha vuelto más plural. Protegerla contra la fragmentación y la criminalización, y darle dimensión europea, sigue siendo una de las tareas vitales del momento.


NOTAS: [1] El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, por ejemplo, ha considerado inconstitucionales al menos dos artículos del decreto ley de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, vinculados con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y con el derecho a la negociación colectiva. En realidad, el Consell de Garanties, si bien de manera tímida, ya había apuntado en un dictamen anterior la posible inconstitucionalidad de algunos recortes sociales impulsados por el gobierno catalán. Para hacerlo, tuvo en cuenta el principio de no regresividad arbitraria en materia de derechos, un principio, en realidad, consagrado tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el propio Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas [2] Algunos de estos hechos fueron apuntados por Juan Carlos Monedero en una incisiva nota de reacción a la criminalización de los huelguistas aparecida en su blog www.comiendotierra.es [3] Como recuerdan Antonio Baylos y Juan Terradillos, el actual art. 315.3 CP proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de "hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga". Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales –entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977 – y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga. Vid.http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/centros/celds/LEGISLACION%20Y%20JURISPRUDENCIA/NOTA%20SOBRE%20EL%20ART315.pdf  [4] La arbitrariedad policial se prolongaría durante los días siguientes. En ocasión de una protesta convocada frente a la prisión para reclamar la libertad de algunos de los detenidos, José Miguel Esteban Lupiañez, un hombre con discapacidad física, fue detenido mientras circulaba en silla en ruedas. Un agente antidisturbios subió a la acera y luego de golpearlo lo cargó, sin silla, dentro de una furgoneta policial. El detenido fue trasladado a la comisaría de Les Corts, donde varias personas tuvieron que llevar la silla de ruedas. Pasadas las 11 de la noche, siete personas acudieron al juzgado de guardia de la Ciudad de Justicia para interponer denuncia contra la policía autonómica por los hechos presenciados. Una vez interpuesta la denuncia, el juez de guardia les comunicó que requeriría a los Mossos las llaves de la casa del detenido para que su compañera, que estaba sola en casa y padecía una grave enfermedad terminal, pudiera ser atendida por un enfermero. [5] Sobre esta jurisprudencia, y en general, sobre los diversos argumentos que abonan la consideración del derecho a la protesta como "el primer derecho", vid. el excelente trabajo de Roberto Gargarella, El derecho a la protesta, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2005 [6] Cualquier reflexión sobre la violencia y la no-violencia está obligada a confrontarse, al menos, con el mensaje dejado por el jubilado griego de 77 años que se suicidó frente al Parlamento para no verse obligado a sobrevivir rebuscando en la basura: "El Gobierno de ocupación de Tsolakoglou [en analogía al gobierno colaboracionista nazi durante la segunda guerra mundial] ha reducido a la nada, literalmente, mi capacidad de supervivencia, que dependía de una respetable pensión que, durante más de 35 años, yo solo (sin contribución del estado) he pagado. Dado que tengo una edad en la que ya no tengo el poder de resistir activamente (aunque, por supuesto, no descarto que, si cualquier griego hubiese empuñado un kalashnikov, yo habría sido el segundo en hacerlo), no encuentro otra solución para un final digno antes de que me vea reducido a hurgar en la basura para alimentarme. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán las armas algún día y colgarán a los traidores nacionales en la Plaza de la Constitución [Plaza Syntagma], igual que los italianos colgaron a Mussolini [en la Piazza Poreto de Milán]" [7] Esta idea de un derecho a la resistencia constitucional y garantista ha sido lúcidamente defendida por Ermanno Vitale en Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, Trotta, Madrid, 2012.

Gerardo Pisarello es jurista y miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es abogado miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos integran el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona y son autores de No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis, Barcelona, Icaria, 2012.

CUIDADO CON LOS GRUPOS PRO-SISTEMA

ESTIMAT DIARI

Continuo amb la publicació del meu diari setmanal. Aquest cop amb una mica de retard. Recuperant-me de les vacances de setmana santa.


Una setmana tranqui-la, dilluns havia de començar, però no, el meu jefe el va cridar per a una reunió. Al final no es va fer...que hi farem...així anem. Encara no se per què no es va fer, ningú es va dignar en dir-nos que estava desconvocada.


Dilluns i dimarts a casa meva a La Floresta, dies de neteja i bricolage. Realment allò necessitava una “posta al dia”, vaig reordenar el meus espai i m’ha quedat força bé. Fins i tot és habitable. Passejades amb els gossos, bon temps i solet.


Dimecres, dia gloriós, palliceta al Milan i cap a la semis de la Champions. Una passada, un partit molt intens. Vaig anar aquest cop amb la meva amiga Luz, el primer cop que trepitjava el Nou Camp. Va flipar, a aquesta la farem culé.


Dijous, celebrar l’aniversari de la meva germana, amb el seu marit, el meu germà i els pares a L’Escala.


Divendres, torno a pujar a l’Escala a la casa que compartim amb els amics. Molt agradable malgrat el mal temps. Escric l’article que he publicat sobre la Violència i dissabte partit del Barça al bar. Tornem a guanyar. Això va bé.


Diumenge, cap a casa...tranquilitat i repòs del repòs.


No ha estat una setmana especialment intensa...

TESTAMENTO

TESTAMENTO de Silvio Rodriguez, aquesta és una de les cançons que sonarà al meu funeral (cal tenir-ho tot previst) :-)

ESPAI EN BLANC

http://www.espaienblanc.net/_Santiago-Lopez-Petit_.html

Molt interessant

http://xcat.cat/09/04/2012/talaia-violencia-quina-violencia/

L'ESPERANÇA , ARA

"La desesperació em tempta de nou: la idea de que això no acabarà mai, que no hi ha punt d’arribada, que només hi ha petites finalitats particulars per les quals ens barallem. Es fan petites revolucions, però no hi ha un final humà, no hi ha quelcom que interessi a l’home, només hi ha desordres. És possible pensar quelcom així. Aquest pensament et tempta sense parar, sobretot si ets vell i penses: moriré d’aquí a cinc anys.


En tot cas, el món sembla lleig, dolent i sense esperança. Això és la desesperació tranquil·la d’un vell que morirà d'aquí a cinc anys dins d’aquest món. Però justament resisteixo i sé que moriré en l’esperança, però aquesta esperança cal bastir-la.


És necessari intentar explicar per què el món d’ara, que és horrible, és només un moment en el llarg desenvolupament històric, que l’esperança ha estat sempre una de les forces determinants de les revolucions i de les insurreccions, i explicar de quina manera sento encara l’esperança com la meva concepció del que ha de venir."


Jean-Paul Sastre. (L’esperança ara)